Al final de la segunda guerra mundial, la división del mundo en dos bloques, capitalista y comunista, generó inconvenientes políticos para buena parte de los países, quienes tuvieron que decidir a qué bloque pertenecer (Casals, 2013).

Así iniciaba la Guerra Fría, que tendría al mundo en vilo por varias décadas y que desa-tó tensiones y conflictos armados entre distintos países aliados de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos. Si bien “la situación mundial se hizo razonablemente estable poco después de la guerra y siguió siéndolo hasta mediados de los setenta, cuando el sistema internacional y sus componentes entraron en otro prolongado período de crisis política y económica” (Hobsbawm, 1999, p. 232). La época que aquí se analiza fue de crecimiento económico para los países más desarrollados, de reajustes territoriales en el mundo, de crecimiento demográfico, de industrialización y de transformaciones culturales. En el plano internacional, México acogió a los exiliados españoles del franquismo, fue parte de los países aliados al declararle la guerra a Alemania y organizó la conferencia de Chapultepec, donde se posicionó a favor del regionalismo, que fue el germen de la Organización de los Estados Americanos (Mendoza, 2014).

En el contexto nacional, entre 1940 y 1960, México dejó atrás los procesos revolucionarios. Se inició una época política que intentaba mantener las estructuras surgidas de la revolución, al tiempo que se impulsaba el modelo de industrialización por sustitución de importaciones con la imposición de barreras arancelarias, la protección del producto local y la importación de equipo para el proceso de industrialización, lo cual condujo al aumento de técnicos y fábricas. Todo esto favoreció la creación de una economía mixta (sector público y sector privado). En el ámbito social, se dio un crecimiento demográfico exponencial y se desarrolló la clase media (Escalante et al., 2008; Meyer, 1976). Y en el ámbito político, el Partido de la Revolución Mexicana se consolidó como la fuerza política que aglutinaba a los hombres del poder, pero también se observó un desplazamiento de los militares de las cúpulas, y su fuerza se subordinó al poder político civil. En 1946, este partido fue sustituido por el Partido Revolucionario Institucional (Meyer, 1976).

Si bien las primeras voces a favor de la educación popular se levantaron durante el gobierno de Porfirio Díaz, no tuvieron mucho eco. Fueron los gobiernos posrevolucionarios los que efectuaron los primeros intentos de resolver el problema educativo del país. El primer proyecto surgido al concluir la revolución fue el vasconcelista: con la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921, se inició una cruzada para abatir el rezago educativo a través de campañas de alfabetización, la construcción de espacios escolares, la formación de maestros y la creación de misiones culturales (Latapí, 1998). En 1934, Lázaro Cárdenas se propuso democratizar la educación, a la que imprimió una orientación socialista que buscaba combatir el analfabetismo e impulsar la educación rural e indígena y la enseñanza técnica (Tuirán y Quintanilla, 2012).

La situación educativa de México en 1940 era desalentadora. Las diversas iniciativas no habían logrado aminorar el analfabetismo ni eliminar las carencias, y el rezago educativo era muy alto. Además, crecía la necesidad de impulsar la formación de mano de obra calificada para estimular la industrialización del país. A fin de responder a esta situación, se planteó el proyecto de unidad nacional con el propósito de abatir el rezago educativo, fomentar la solidaridad internacional y fortalecer la cohesión social. Este discurso conservador ayudó a crear un ambiente propicio para que el proyecto tuviera éxito (Carranza, 2003).

El modelo de unidad nacional desplegó un discurso conciliador y conservador que buscaba un doble objetivo: marcar distancia respecto al discurso socialista para acercarse al bloque capitalista y librarlo de cualquier sospecha en el panorama mundial, así como lograr la estabilidad dentro del país a través de la cohesión social. A lo largo del periodo se consolidó el discurso de la unidad nacional y tomó forma un proyecto conservador (Greaves, 2011). Se impulsó una idea lejana a la lucha de clases, pero cercana a la construcción de la democracia a través de la unión y la cooperación de los ciudadanos para abatir los grandes problemas nacionales (Larroyo, 1947). Bajo este influjo patrio, se hicieron esfuerzos para desterrar las ideas marxistas y poner como fundamento la idea de la unidad nacional en el discurso, y en el currículo para la formación docente, por medio de cambios constitucionales y con el apoyo de los medios de comunicación. Se abandonó la idea de la redención del mexicano y se proyectó un fuerte tono patriótico desde la presidencia. Al respecto, Aguilar Camín afirma:

La educación en todos los niveles no perdió de ahí en adelante su continua referencia a la utilidad práctica, pero lo dominante, lo abrumador, fue desde entonces el tono cívico, la exhortación nacionalista, la ideología de la patria, la estabilidad y el medio pelo de la concordia y la defensa del patrimonio espiritual de México (2012, p. 95).

El proyecto fue promovido desde el Estado mexicano durante los periodos presidenciales de Manuel Ávila Camacho (1940-1946), Miguel Alemán Valdés (1946-1952) y Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958).

A inicios de 1940, los principales retos eran resolver el rezago de la escuela rural e incrementar las oportunidades de formar mano de obra calificada para el creciente proceso de industrialización del país. Sin embargo, la prioridad estaba puesta en la escuela urbana y la capacitación para el trabajo, en tanto que el presupuesto educativo se reducía (Tuirán y Quintanilla, 2012).

El discurso enfatizaba la necesidad de fortalecer la identidad nacional, la armonía social por encima de la lucha de clases, y la identificación patriótica de cada mexicano con su nación a fin de lograr la paz social. Esto se contraponía al discurso socialista del sexenio anterior, que fomentó los reclamos sociales de las comunidades rurales. La educación fue el medio para consolidar los nuevos valores y lograr la unidad de las fuerzas sociales (Ortiz-Cirilo, 2015).

Desde su discurso de toma de protesta, el presidente Ávila Camacho instó a tener fe y amor filial hacia la patria, ya que aún no se habían alcanzado los objetivos de la revolución:

En estas condiciones deseo apelar al sentimiento de amor a nuestro país tan reconocido en los trabajadores de la tierra para que la hagan fructificar y que su conducta de cumplimiento estricto merezca el crédito y con su disciplina sean garantía de bien y de abundancia (Ávila Camacho, 1940).

La gestión de Luis Sánchez Pontón como secretario de Educación giró en torno al combate al analfabetismo, la formación técnica y la mejora de la formación cultural del estudiante; sin embargo, las inconformidades por su perfil socialista condujeron a su pronta renuncia.

El discurso de la unidad nacional se mantuvo. En el primer informe de gobierno, se llamó a fortalecer la fraternidad social. El proyecto de unidad se presentó como la herramienta necesaria para consolidar un clima de estabilidad y cohesión social, a fin de lograr el crecimiento económico.

Mi Gobierno desea realizar una labor previa de educación que exalte el patriotismo, el sentido del honor y la disciplina, que avive el espíritu cívico y que, al combatir el sentimiento de inferioridad del pueblo, lo haga saberse seguro de sí mismo, orgulloso de su nacionalidad y lleno de entusiasmo por cooperar a la defensa (Ávila Camacho, 1941, p. 18).

La gestión de Octavio Véjar Vázquez como nuevo secretario de Educación se decantó por dejar atrás la educación socialista y lograr la reconciliación con el clero católico. Para ello, se combatió el comunismo en las filas magisteriales; y en apoyo a los grupos conservadores, se suprimieron las escuelas mixtas, lo cual causó muchas críticas, pues se tuvo que lidiar con el problema de duplicar los grupos escolares y la cantidad de maestros (Greaves, 2010).

Durante este sexenio, se expandió la matrícula, se intensificó el programa de alfabetización y se emprendió la construcción de escuelas (Tuirán y Quintanilla, 2012). Asimismo, se unificaron los planes y programas de las escuelas rurales y urbanas como el primer paso para lograr la unidad; y lo mismo se hizo con los planes de estudio de las escuelas normales. También se intentó ordenar los estudios y el funcionamiento de las escuelas secundarias y se centralizaron los servicios educativos.

La reforma a las escuelas normales en 1942 se proponía formar a los nuevos docentes en las ideas de la unidad nacional, mejorar la formación de los maestros rurales y urbanos, manejar y atenuar las ideas radicales de los maestros que apoyaban el movimiento de educación socialista y dar a los maestros inconformes con la situación de las normales rurales, la oportunidad de emigrar a las ciudades (Álvarez, 2014). Los planes y programas fueron introducidos en las escuelas normales a partir de 1945.

Las escuelas urbanas eran muy numerosas, con grupos homogéneos en edad y maestros con mejor preparación, seguridad, estatus y condiciones de trabajo. En tanto, en el medio rural los grupos eran heterogéneos y multigrado, la mayoría de las escuelas eran de dos o tres grados y sólo 4 por ciento del alumnado concluía su educación primaria. A esto hay que agregarle la necesidad de que los niños participaran en la siembra y la cosecha, de tal modo que el ausentismo, la deserción, el abandono y la reprobación escolar eran problemas comunes de las escuelas rurales. Si bien, gozaban de una mejor situación las escuelas urbanas y tenían una gran cantidad de estudiantes, las diferencias entre ellas también eran patentes: mientras que algunas gozaban de apoyo gubernamental para la infraestructura (con muchas aulas, canchas y patios) y se asentaban en zonas prósperas, otras se habían instalado en casas o espacios adaptados para la educación, en zonas de pobreza extrema o por lo menos carentes de servicios (Greaves, 2011).

En aquella época circularon algunas obras tradicionales para la lectoescritura o la lectura, como Poco a poco o Rosas de la infancia. Los libros de texto eran caros, por tanto no estaban al alcance de todas las personas. En los años siguientes, los diversos problemas y quejas harían que se plantearan algunas acciones para que hubiera un mayor acceso a los libros de texto, pero fue hasta 1959 cuando se fundó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Los principales problemas entre los años cuarenta y cincuenta en la producción de libros de texto tienen su origen en tres factores: “… es un monopolio en manos de extranjeros, encarece sus productos y obstruye el acceso de sellos editoriales mexicanos en las listas oficiales de libros de texto de la SEP” (Ixba, 2013, pp. 1194-1195).

En medio de la guerra mundial, se lanzó una feroz campaña en diversos medios de información, con un claro tono nacionalista para abatir el analfabetismo, acción que tuvo una gran respuesta. Se incorporaron maestros con gran entusiasmo aunque con poca preparación, y se improvisaron escuelas en diversos sitios del país. En algunos estados se ofreció la reducción de condenas a prisioneros con tal de que aprendieran o enseñaran a leer y a escribir; además, se inició la educación bilingüe con la creación de cartillas de lectura en lenguas indígenas. Sin embargo, el entusiasmo no duró mucho.

La expansión del sistema educativo implicaba la formación de nuevos docentes y la capacitación de los que ya ejercían. Esto último se realizó a través del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. En 1943, para lograr la unificación magisterial, se formó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) (Greaves, 2010).

Los conflictos entre el magisterio de corte más socialista y Véjar Vázquez provocaron que éste fuera removido de su cargo como secretario de Educación y sustituido por Jaime Torres Bodet, encargado de impulsar la reforma al artículo 3° constitucional que suprimió la orientación socialista de la educación. La nueva redacción del artículo respondía al espíritu de la unidad nacional con una orientación hacia la paz y la democracia (Carranza, 2003). La reforma, que buscó la despolitización de los problemas sociales y la aglutinación de las ideologías partidistas, fue aprobada en 1946 entre calurosos debates (Ortiz-Cirilo, 2015). El texto enfatiza la laicidad de la educación y su carácter democrático, nacional y para la convivencia humana. El primer párrafo del artículo quedó redactado de la siguiente manera:

La educación que imparta el Estado –federación, estados, municipios– tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

En torno a la idea de la laicidad en la educación se desarrolló uno de los debates sobre esa reforma constitucional. No obstante, si bien ésta excluyó la influencia religiosa en la orientación pedagógica, el gobierno y los grupos conservadores negociaron muchas de las acciones para la práctica religiosa escolar.

Los esfuerzos de la reforma y las orientaciones de Jaime Torres Bodet marcaron las líneas de acción de los siguientes gobiernos, que bien pueden considerarse un esfuerzo tendiente a la educación para todos. Él se enfocó en disminuir las desigualdades a través del combate al rezago educativo y la disminución del analfabetismo (Rangel, 2002).

El nuevo clima de reconciliación generado a partir de la consolidación de la reforma al artículo 3° favoreció la expansión del sistema educativo, la creación de nuevas instituciones y escuelas, el aumento de las campañas de alfabetización, la capacitación magisterial, la promoción de la educación técnica y el impulso de la edición de textos para los estudiantes (Latapí, 1998).

Para la educación de adultos se propusieron intensas campañas de alfabetización y la organización de escuelas agrícolas. También se observó una mayor participación de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Consejo de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (Crefal) –promotor del concepto de educación que implica la alfabetización funcional y la capacitación para el trabajo (UNESCO, 2013).

Durante la presidencia de Miguel Alemán (1946-1952) se consolidó la idea de la educación para la unidad, el desarrollo y la industrialización. La educación nacionalista siguió su cauce, con la promoción de la fidelidad a la patria, y la exaltación de los héroes y los símbolos patrios para lograr una homogeneización cultural. Desde el discurso, el presidente Alemán llamó a consolidar la unidad nacional:

En la educación preescolar y primaria se intensificó en el alumno el amor a la enseña nacional y a nuestros héroes y el conocimiento de nuestro país, sus recursos y sus instituciones. […] México tiene en su historia un papel que desempeñar y realizar. Esta etapa es decisiva en el porvenir de nuestro país (citado en Aguilar Camín, 2012, p. 97).

El crecimiento económico fue sostenido; sin embargo, el presupuesto educativo bajó. El secretario de Educación Manuel Gual Vidal construyó su proyecto alrededor de la idea de la escuela unificada para consolidar y organizar el sistema educativo. El programa pretendía coordinar los distintos niveles, desde el jardín de niños hasta el medio superior y superior, pero no tuvo grandes éxitos (Greaves, 2010).

Se dio continuidad a los programas de alfabetización. La gran mayoría de los estudiantes matriculados pertenecían al nivel de primaria, pero se enfrentó una grave deserción: sólo alrededor de 20 por ciento concluía sus estudios. Aunque aumentaba el número de alumnos en las escuelas, la explosión demográfica hacía insuficientes los esfuerzos.

En este periodo, se fundó el Instituto Politécnico Nacional y se creó Ciudad Universitaria (de la UNAM) (Tuirán y Quintanilla, 2012). El IPN ofreció alternativas de estudios para desempeñarse en la industria y proporcionar mano de obra variada como ayudantes, técnicos, profesionales especialistas en diversas áreas. Y Ciudad Universitaria permitió expandir el servicio educativo, las actividades docentes y la investigación, así como la creación de planes y programas de estudio que abrieron nuevas opciones profesionales. Sin embargo, hubo desinterés por las escuelas normales y las escuelas agrícolas. La creación del Instituto Nacional Indigenista (1948) dio la oportunidad de crear cuadros de jóvenes bilingües para llevar capacitación a distintas comunidades (Greaves, 2010). Se creó la Dirección General de Enseñanza Normal que permitió resolver algunas de las situaciones específicas de la enseñanza normal y las reformas subsiguientes de los planes y programas para la formación de docentes (Álvarez, 2014).

La expansión de la matrícula se aceleraba, pero la población escolar seguía concentrándose en la educación primaria y había pocas oportunidades para continuar estudiando en los niveles educativos superiores. Al iniciar los años cincuenta, el problema de la deserción de niños y niñas continuaba siendo abrumador: de cada 1000 estudiantes que iniciaban la primaria, sólo 230 la concluían. El gobierno de Miguel Alemán promovió una nueva campaña de alfabetización y la creación de escuelas para combatir los problemas de atención escolar (Tuirán y Quintanilla, 2012).

En un contexto de crecimiento acelerado de la población, el propósito de expandir la educación con recursos públicos no se había alcanzado, por lo que se necesitó el apoyo de los particulares. Así, a cambio de crear espacios educativos, se dio libertad para la enseñanza, de modo que la presencia eclesial en el sector privado fue creciendo. El gobierno toleró las prácticas que contradecían los postulados del artículo 3° constitucional respecto a la laicidad de la educación, mientras la iglesia combatía las ideas comunistas con sus propias herramientas doctrinarias (Greaves, 2010).

El sexenio de Ruiz Cortines (1952-1958) fue el último que plenamente perteneció al proyecto de la unidad nacional. Durante ese periodo también se pregonó la cohesión a partir de la identidad nacional. En su quinto informe de gobierno, el presidente afirmó: “Forjar escuelas para el conocimiento de nuestra realidades educativas [..] [sirve] para la formación de una conciencia hacia la solidaridad de las nuevas generaciones con los genuinos intereses de la patria” (Ruiz Cortines, 1957).

El secretario de Educación José Ángel Ceniceros buscó una mayor colaboración con el sector privado para unir los valores tradicionales familiares, la mexicanidad y la formación de una conciencia nacional. Graves (2010) sostiene que durante este periodo hubo un “manejo exacerbado de los símbolos patrios y los héroes nacionales apoyado por un calendario escolar recargado de fiestas cívicas” (p. 202).

La disponibilidad de mayores recursos económicos aceleró la expansión del sistema educativo con el aumento significativo de servicios escolares y docentes, así como la continuación de programas de alfabetización; sin embargo, alrededor de 40 por ciento de la población continuaba en situación de analfabetismo (Tuirán y Quintanilla, 2012).

El gobierno puso énfasis en el combate a la deserción escolar, el incremento de oportunidades de educación técnica y superior, la creación de escuelas primarias y la organización del Sistema Educativo Mexicano. Se aumentó la obligatoriedad escolar, así como el gasto público en educación, maestros y escuelas; en consecuencia, una mayor cantidad de niñas y niños asistieron a la escuela. A finales de la década de los cincuenta, existían aproximadamente 30 000 escuelas (Aboites, 2008). Sin embargo, la explosión demográfica seguía presionando el sistema educativo en expansión. Para 1958, había 150 000 maestros, pero 50 por ciento de los niños y niñas que vivían en el campo no pisaban la escuela (Greaves, 2010).

La unidad nacional continuaba fortaleciéndose para lograr un impacto en la sociedad. “Los desafíos exigían políticas que atacaran los rezagos y carencias de las escuelas rurales y atendieran los requerimientos de formación de mano de obra cada vez más calificada, derivada de la industrialización en los centros urbanos” (Tuirán y Quintanilla, 2011, p. 37).

En 1958, llegó un nuevo gobierno y Jaime Torres Bodet presidió otra vez la Secretaría de Educación. Se presentó entonces un nuevo proyecto educativo, llamado Plan de once años, el cual fue el primer gran esfuerzo en planeación educativa que buscó, además de la organización institucional, combatir el rezago y la deserción educativa, acentuar los esfuerzos en la formación docente, así como reformar planes y programas de estudio. El proyecto de Torres Bodet seguía muchas de las líneas del proyecto nacionalista para la consolidación de la cohesión social, sin embargo ya no era el propósito principal de sus esfuerzos. A través del Plan de once años, un nuevo proyecto educativo se puso en marcha.

El periodo estudiado se caracteriza por una educación que sirvió al Estado como herramienta para lograr la unidad e integración social. Se construyó una política educativa que sirvió de soporte al proceso de industrialización a través de la creación de escuelas técnicas y, con ello, al crecimiento económico.

La educación nacionalista tuvo fuertes repercusiones en la sociedad mexicana, que moldeó la identidad patria que aún tenemos, con el propósito de formar ciudadanos leales a su país.

Durante tres periodos presidenciales, el discurso y la política educativa gestaron el sentido de pertenencia nacional; construyeron una identidad ciudadana patriota, respetuosa de las leyes; y consolidaron en el imaginario educativo y social la idea del héroe nacional. Estas ideas continuarían durante la aplicación del Plan de once años, el proyecto de modernización educativa y están presentes en la vida cotidiana escolar, política y sociocultural de la actualidad.

El periodo de la unidad nacional transformó al país y logró una transición educativa que produjo efectos económicos y sociales. México pasó de ser un país esencialmente rural a uno urbano. El enfoque educativo de unidad nacional se consolidó en medio del proyecto socialista, que en las regiones rurales no desapareció tan rápidamente. El principio de laicidad se plasmó en la Constitución, no obstante que en la realidad se toleró a las organizaciones religiosas en la educación. Se expandió el sistema educativo, aunque la explosión demográfica mermó su alcance.

El proyecto educativo siguió en marcha entre rupturas y continuidades, avances y retrocesos que dejaron su marca en la historia mexicana. La modernidad se avizoraba; sin embargo, en un país con grandes desigualdades, donde la pobreza y el aislamiento de las comunidades rurales eran obstáculos difíciles de sortear, las oportunidades no siempre eran para todos.♦

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